XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. Discurso 25.11.2021
Presidente Senado, Ander Gil, entrega Premio Pelayo a Araceli Mangas ante Presidentes del T. Constitucional y T. Supremo
(Discurso pronunciado al recibir el XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio)
Excmo. Sr. Presidente del Senado,
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. Jefe de la Oposición, Excma. Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, Excma. Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas, Excmo. Sr. Presidente del Jurado, Excmo. Sr. Presidente de Pelayo Mutua de Seguros, Autoridades del Estado, Señoras y señores, amigas y amigos
Podrán comprender que en un acto como éste no sea fácil encerrar en palabras los sentimientos de gratitud.
Gracias, muchas gracias a los distinguidos miembros de Jurado y a su Presidente, Antonio Garrigues Walker, por su generosidad y confianza que asumo con compromiso y orgullo, consciente de la excelencia y pluralidad profesional que representa la composición del Jurado, y que solo por ello da prestigio y calidad única a este Premio.
Además de esa gratitud inestimable con el amplio Jurado, añado una deuda especial con la Vicepresidenta y Magistrada Emérita Encarna Roca, miembro del Jurado, por su cálida y amena laudatio.
También debo reconocimiento y gratitud a la institución que me propuso -la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-, y más en concreto al impulsor de la iniciativa, su presidente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Y naturalmente, a Pelayo Mutua de Seguros en la persona de su presidente D. Francisco Lara Martín, también del presidente saliente D. José Boada Bravo, por haber creado -¡se dice bien hace ya 27 años!- el más preciado galardón para significar a las mujeres y hombres del Derecho en España. Bueno, más a los hombres que a las mujeres, pues entre los veintisiete reconocidos hasta ahora solo estamos tres mujeres. No obstante, entre todos, -como reivindicaba hace dos siglos Concepción Arenal- seguiremos haciendo juntos el camino de la igualdad para “la [otra] mitad de los caminantes”.
Mi gratitud se extiende a la audiencia relevante que -desde varias salas- me acompañan junto a amistades y familia por el afecto que me demostráis todos con vuestra presencia.
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Las distinciones y dignidades obligan a quienes las reciben, tanto a responder a la confianza y afecto de quienes las han propuesto y de los que las han otorgado, como a saber y poder estar a la altura de quienes con muchos más merecimientos los recibieron en ocasiones anteriores.
Hoy me siento especialmente honrada al poder recibir este Premio junto a grandes personalidades galardonadas; citaré entre los muchos premiados presentes, precisamente, a las dos mujeres juristas, María Emilia Casas y Encarna Roca, respectivamente Presidenta y Vicepresidenta eméritas del Tribunal Constitucional, que recibieron este Premio en 2006 y 2018, y también tengo presente al último gran jurista premiado en 2020, Tomás de la Quadra-Salcedo. 
Y entre los galardonados que nos dejaron y con los que tuve relación siempre de admiración y afecto, recuerdo especialmente a Eduardo García de Enterría, Aurelio Menéndez, Joaquín Ruiz-Giménez, Gregorio Peces-Barba, Manuel Olivencia, Landelino Lavilla, y Manuel Díez de Velasco.
Permítanme evocar de forma especial a Manuel Diez de Velasco, quien fue mi maestro, y obtuvo este galardón en 2005. Se distinguió como un renovador del derecho internacional, abandonando la mera perspectiva doctrinal e histórica para adentrarse en el moderno derecho internacional positivo. Su gran calidad humana llegaba a todos, en especial a sus alumnos y discípulos. Su pasión era tanto mostrar y compartir el conocimiento como ayudar a alcanzarlo.
Es abrumadora la calidad de los 26 premiados anteriores; por ello, creo que estar aquí, hoy, recibiendo este Premio Pelayo no es tanto un acto de justicia como de gran generosidad del Jurado.
Se comprende bien que, por el prestigio tanto de sus jurados como de los galardonados, este Premio Pelayo haya sido, a su vez, recientemente premiado (23.09.2021) con la Cruz de Honor Institucional de la Orden Iberoamericana de Justicia.
Desde luego, ha sido una gran satisfacción esta distinción, una gran alegría para mi familia y amigos, si bien en esta noche de júbilo permítanme recordar con emoción a los más de 100.000 fallecidos (datos del INE) durante la pandemia Covid-19 y a sus familias, así como la angustia de nuestros compatriotas en la isla de La Palma por su desolación e impotencia ante la bravura del volcán.
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En un acto como éste debo recordar también la deuda contraída con aquellos extraordinarios profesores de la Universidad de Salamanca que durante mis estudios de la Licenciatura en Derecho contribuyeron a mi formación y a actuar con rectitud: tuve la inmensa fortuna de ser alumna y aprender de Francisco Tomás y Valiente, Gloria Begué, Alberto Bercovitz, José Vida Soria o Antonio Pérez Luño… Su ejemplo, su entrega al saber, a sus alumnos, a la sociedad de su tiempo, fue para mí el espejo en el que soñar mi ilusión por el Derecho.
Y ha sido un reconocimiento inesperado, pues este preciado galardón homenajea, como señalara Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón al recibirlo en 2007, a los “cultivadores de la práctica jurídica”. Sin embargo, yo no he ejercido la abogacía ni función jurisdiccional alguna, ni he desempeñado cargos políticos en la Administración… No obstante, siempre me he encontrado entre los seguidores del derecho positivo internacional, en el que la práctica diplomática, la convencional y la jurisdiccional son determinantes para cultivar un derecho vivido, un derecho en acción.
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De ahí que como ius internacionalista y europeísta, y habida cuenta de que en las postrimerías de la dictadura se ansiaba la inserción de España en la vida internacional, me haya centrado, desde 1976 hasta ahora, en los grandes retos normativos de la acción exterior del Estado y de la vida internacional en cada momento vivido.
Mi especialización jurídica tenía muchas expectativas de poder ser útil a la sociedad y al Estado. Así, mi tesis doctoral en 1979 fue sobre el proceso de toma de decisiones europeo, y mi siguiente monografía se centró en el impacto que el Derecho de la integración iba a tener en el Derecho español, tanto estatal como autonómico.
Cultivar la perspectiva práctica fue muy útil para expresar mi opinión técnica en varios dictámenes sobre la inserción de España en el sistema occidental de defensa y seguridad (OTAN y UEO); me interesé por la aplicación del Derecho de la Conflictos Armados y el Derecho Internacional Humanitario en una treintena de conflictos armados internos; o por el Derecho aplicable a conflictos como la guerra del Golfo -la legal de 1991 y la ilegal de 2003-, y en las guerras de los Balcanes; también participé como Consejera en la posición de España en el asunto de Kosovo ante la Corte Internacional de Justicia; o en la defensa de intereses públicos y privados en diversos litigios ante el Tribunal de Justicia de la UE; y en asuntos relativos a Gibraltar, o el brexit, o sobre el respeto a la unidad nacional e integridad territorial, en un largo etcétera de trabajos sobre la práctica jurídica internacional.
Desde el inicio de mi especialización he sostenido que la universidad debe servir a la sociedad y al Estado devolviéndoles su esfuerzo económico en nuestra formación y acrecentándolo con la mirada constante en el interés público nacional, europeo y universal. Por ello, he tratado de seguir a los viejos maestros del Estudio Salmantino en la laboriosidad en el trabajo, liberalidad en la trasmisión del conocimiento y valor cívico.
Un buen trabajo docente e investigador tiene que conectar con las necesidades sociales de nuestro tiempo y poner ese conocimiento al servicio de las administraciones públicas y de la sociedad, compartiendo las preocupaciones y retos de quienes redactan los proyectos normativos, del legislador que los aprueba y de los operadores jurídicos que los interpretan y aplican.
También he creído y practicado que otra forma de conectar con la sociedad es llevar nuestro trabajo de reflexión fuera de las aulas universitarias, ya sea compartiendo los foros sociales de debate, ya sea clarificando en los medios de comunicación el contexto y consecuencias del derecho internacional y europeo.
Los grandes temas del debate europeo e internacional están en las calles del planeta y en los medios de comunicación de relieve extranjeros, pero desgraciadamente no en una sociedad tan ensimismada como la española. Nuestros partidos políticos son reacios a la política exterior, a pesar de que buena parte del empleo, economía y acción empresarial españolas están vinculadas a lo que suceda fuera de nuestras fronteras. Es una paradoja que en la patria del Derecho de Gentes y de su fundador, Francisco de Vitoria, sus políticos prefieran el enfrentamiento interno a políticas internas cohesionadas que faciliten y multipliquen la proyección internacional de España.
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Mi fascinación por la integración europea tiene una doble motivación.
Primero, se fraguó observando la actitud de Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la más humillante, la más criminal e inmoral de todas las guerras de la Humanidad. La grandeza moral y éxito de la Unión Europea no es la paz que fue su consecuencia, sino la reconciliación entre sociedades que sufrieron guerras y dictaduras desde bandos enfrentados, al tiempo que deseaban asentar una sociedad europea nueva unida por los valores democráticos. No hay precedentes en la historia.
Y se dejó atrás no solo la Segunda Guerra Mundial, también la Primera y otras muchas guerras fratricidas del siglo XIX. Aceptaron -como decía Vaclav Havel- que las sociedades tienen que convivir “con huecos y fragmentos” en su historia para lograr la convivencia. No se revolcaron en el pasado, que ya no se podía cambiar, ni manipular ni cancelar; y decidieron, vencedores y vencidos, mirar hacia adelante para cimentar una sociedad que jamás volviera a repetir aquel pasado y resolver los problemas del presente.
Alemania dio un nuevo ejemplo en 1989 (caída del Muro de Berlín) cuando los nietos de los nazis y los hijos de los comunistas del Este se abrazaron con los nietos de los nazis del Oeste. Nos mostraron que, frente al elogio del odio, los nietos de unos y otros deben poder descansar de sus sufrimientos originados por sus padres y abuelos. Como en los versos de Lope de Vega[1]:
Que en la senda del vivir, no ir adelante, es ir atrás; y el que arar empieza, no ha de volver la cabeza, sino arar, y proseguir.
Y, en segundo lugar, el atractivo europeo es el enigma de la norma sin la fuerza. La construcción europea está basada en la fuerza de la norma negociada y dialogada. Es la negociación entre demócratas lo que da fortaleza a una Unión enraizada en la cultura de la norma. Normas negociadas por muchos, normas recurribles siempre y normas interpretadas y aplicadas de forma unitaria. De ahí que los valores de la justicia y del respeto a las normas, el Estado de Derecho, sean la columna vertebral de la Unión.
La UE es una garantía real del respeto de la impermeabilidad de los jueces frente a los intereses políticos y de la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables. Jueces y garantes de la Constitución que deben estar en condiciones de cumplir con la esencia de la independencia, como ha recordado tantas veces la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, asumiendo “el deber de ingratitud del juez” frente a quienes los seleccionaron.
Sr. Presidente del Senado, altas autoridades de los poderes del Estado, señoras y señores, amigas y amigos
Los compromisos internacionales y europeos adquiridos por España en los años de la transición democrática y posteriores han dinamizado nuestro Derecho y han incrementado el arsenal de derechos ciudadanos protegidos por nuestros jueces y tribunales. El Derecho Internacional y europeo ha contribuido a nuestra autoestima y a abandonar tópicos negativos sobre la sociedad, el Estado y las Administraciones públicas, pues hemos contribuido con grandes iniciativas jurídicas y actuaciones judiciales en el Derecho y jurisprudencia de la Unión.
El proyecto europeo ha hecho de la UE la única potencia reguladora global, la única potencia exportadora de normatividad. La singularidad de este espacio de libertad y prosperidad con reglas es un orgullo para la ciudadanía europea frente al resto de potencias y superpotencias en las que priman la fuerza sobre el Derecho negociado.
Como jurista, como ciudadana española, me siento muy orgullosa de que esta fascinante experiencia de integración europea -en la que participa España- se haya logrado desde el Derecho, mediante el Derecho y por el Derecho como instrumento de paz, bienestar y libertad sin precedentes en la historia de la Humanidad.
Muchas gracias a todos.
Fragmento del Discurso del Presidente del Senado
[1] Fray Félix Lope de Vega Carpio, Colección de las obras sueltas, assi en prosa, como en verso, Isidro, Poema castellano.