VENEZUELA, ¿RECONOCER QUÉ?
VENEZUELA, ¿RECONOCER QUÉ?
Desde la reciente celebración de elecciones generales en Venezuela, tanto la oposición organizada que se estima vencedora -lo que es verosímil pero no definitivo- como algunos partidos políticos españoles (el PP) y potentes medios de comunicación presionan por un reconocimiento internacional de la Jefatura del Estado venezolano en la persona del candidato opositor, Edmundo González, frente al corrupto y criminal dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Me atrevo a decir que, tal como están las cosas, sin un conocimiento de las actas manejadas por el órgano electoral venezolano y sin una verificación internacional y un cotejo con las retenidas por la oposición, esa acción no es posible en términos jurídicos. Ni España, ni el resto de los Estados europeos ni otros Estados nos podemos autoproclamar tribunal electoral supranacional. Por ello se le pide a Venezuela que presente las actas de las mesas electorales y estas se sometan a una verificación electoral.
Reconocer a un jefe de Estado, electo o juramentado, viva en Venezuela o aquí, no es juntar palabras. No es algo sin consecuencias graves. En derecho significa ruptura de relaciones diplomáticas, lo que deja desprotegidos a venezolanos y españoles en Venezuela, y supondría además asignar las sedes diplomáticas y los activos financieros a Edmundo González. ¿Nos hemos vuelto locos por tanta ignorancia? Un poquito de la sensatez del Derecho internacional. 
La prudencia y la conciencia jurídica han guiado a los miembros de la Unión Europea -España incluida- para no volver a repetir el fiasco del reconocimiento de un no-presidente en 2019 (Juan Guaidó), quien para conservar su vida se refugió en Estados Unidos. Este hecho debería hacer reflexionar a la (supuesta) izquierda española e iberoamericana sobre su criminal apoyo a un tirano calcado de Mussolini.
Tengo claro que Maduro es el jefe de una dictadura criminal. Como lo fueron ‘el Duce’, Hitler, Stalin, Ceaucescu, Gadafi, Franco y tantos otros, cada uno en su nivel de cantidad y brutalidad. Y debería avergonzar al ex presidente Zapatero ser su cómplice o cooperador criminal.
Pero no se erigen presidentes ni gobiernos efectivos desde el extranjero. Salvo que nos embarquemos en una política de “cañoneras”, propia del siglo XIX, cuando EEUU quitaba y ponía gobiernos en América con sus barcos y tropas, y los europeos enviaban los suyos a cobrar las deudas contraídas por estos países hermanos.
Si España u otro país reconociera al diplomático Edmundo González como presidente de Venezuela (electo o jurado), tendría que retirar al personal diplomático en Venezuela, cerrar la sede en Caracas (o nos la cerrarían), mantener las relaciones con Venezuela a través del nuevo vecino de Madrid… ¿y asignarle la embajada y sus activos? Una locura; ridículo absoluto y demandas internacionales con costes y sin opciones para España. 
Me recuerda a algo simbólico que hizo México cuando no reconoció al dictador que ganó la Guerra Civil en España, rompió relaciones con la España real o efectiva (las de las gentes que sufrían y sobrevivían a la dictadura de Franco) y se limitó a reconocer -es decir, a invitar a las fiestas- a nominales presidentes y ministros españoles republicanos exiliados en México. La melancolía en política también es desánimo, angustia y, al final, inútil: no hay nada.
Hablemos en serio. La oposición venezolana y el PP podrían tener mejores asesores.
Salvo el ejemplo pasado de México y pocos más, la mayoría de los Estados democráticos y no democráticos tienen una misma práctica diplomática en materia de reconocimiento de gobiernos: el principio de efectividad. Este se basa en hechos objetivos: se constata si hay una administración bajo el control del gobierno, su dominio territorial (control de fronteras, etc.) y su capacidad para mantener el orden público. No se examinan sus políticas.
Además, la Unión Europea no tiene competencia para reconocer ni a nuevos Estados ni a gobiernos golpistas o no golpistas. Solo cuando hay unanimidad, la UE reconoce en nombre del conjunto. Por ello, cada Estado toma la decisión de forma unilateral según sus propias percepciones jurídicas y políticas. Y la UE apoya la necesidad de que se verifiquen las actas. Podrá poner nuevas y más sanciones a Venezuela, pero no le corresponde derribar a Maduro. Ni a ningún otro dictador o autócrata de los muchos que pueblan el planeta (sin señalar, varios también en la UE).
Por el contrario, lo que pretenden los opositores venezolanos y el PP es cambiar para Venezuela la práctica habitual por la excepcional doctrina de la legitimidad o de la legalidad. Que fue la base para las intervenciones militares yanquis poniendo y quitando a su antojo presidentes -fuera de EEUU- con la excusa de la legalidad o la legitimidad.
Las relaciones diplomáticas solo se mantienen con gobiernos efectivos, y solo se debe reconocer a gobiernos efectivos. Salidos o no de las urnas; respetuosos o no con los derechos humanos o el Estado de derecho.
Cuando hay elecciones periódicas, únicamente hay que felicitar de forma discreta o efusiva, o no felicitar (algo descortés, porque supone desautorizar al pueblo que votó).
Y hay que reconocer o no reconocer -algo raro- si ha habido un golpe de Estado, una insurrección o una revolución. En caso de golpe de Estado (y Maduro lo dio en 2018 al violar masivamente la Constitución chavista), los Estados solo se pronuncian sobre si esa persona que desplaza por la fuerza al anterior gobernante o se margina de su Constitución por la fuerza está en situación de obligar al Estado al que pretende representar. Es decir, si controla de forma efectiva los resortes del Estado.
El reconocimiento o no reconocimiento consiste en mantener a los embajadores o retirarlos y romper las relaciones diplomáticas. Y se mantuvieron en 2018-2019 a pesar del autogolpe de Maduro y el caso Guaidó.
Es cierto que, en casos circunstanciados de guerra civil (por ejemplo, entre 1936-1939, siempre España), los Estados europeos democráticos mantuvieron la relación simultánea con los dos gobiernos de un mismo Estado en relación con los territorios respectivos que controlaban: principio de efectividad, correcto.
¿Pero qué territorio y qué administración controla Edmundo González? Ninguno hasta hace unos días. Sin control de territorio no puede haber reconocimiento institucional. El asilado González no puede asumir responsabilidad real de las actividades ejecutivas propias de un Estado ni participar en la sociedad internacional con la clásica acción exterior del Estado. ¿Cómo hará respetar los tratados, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, los derechos de nuestros nacionales allí y el conjunto de obligaciones internacionales asumidas por Venezuela? Nos guste o no la forma en que Maduro le ha birlado el resultado electoral a la oposición, lo cierto es que González no es formalmente el presidente electo. Lo que no entenderé es por qué la oposición venezolana aceptó elecciones sin control internacional de las mesas electorales. Estaba cantado que ganaba, como ‘Juan Palomo’, el dictador Maduro. También Franco ganaba todas las elecciones.
Pero si González no es formalmente el presidente electo, desde Madrid todavía menos (aunque tiene derecho a proteger su vida y su integridad y ser protegido por España). Por debilitarlo seguramente se movió Zapatero, el gran valedor del criminal Maduro y cooperador necesario de la dictadura. 
Sueño con una futura democracia en Venezuela. Todos los dictadores caen: algunos, por la fuerza del tiempo; los menos, en la cama -aunque con una dosis de valiente transición pacífica y rápida como la española-; los más acaban fusilados, suicidados o linchados. 
Y deseo también una ley venezolana de memoria democrática que persiga e identifique a los que allí o en España ordenaron, consintieron o apoyaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones de miles de venezolanos.
(Publicado -actualizado y adaptado- el 27.09.2024 en el diario nacional El Mundo, Leer en PDF)