AMM/ junio 16, 2018/ Catalonia, Cataluña, Constitución española, reforma constitucional, Secesión

Renovar el pacto constitucional: ¿Con qué fin?

Colegas de diversas universidades han suscrito una petición para “dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos”. Plantean una reforma de la Constitución española de 1978, con una agenda llamada federalista.

Las constituciones, como cualquier otro texto legal, son, desde luego, instrumentos susceptibles de reforma por más que su enfoque ha de ser amplio para dar cabida a la voluntad vertebradora de un pueblo. Los abajo firmantes consideramos que es absolutamente lícito abrir un debate sobre la reforma de nuestra Carta Magna, pero discrepamos claramente del diagnóstico de nuestros compañeros y del de ciertos sectores políticos.

Nuestros colegas hablan de reivindicaciones nacionales catalanas, vascas, gallegas y de otros territorios (referidos en el texto como Comunitat Valenciana e Illes Balears). Sobre esta afirmación, cabe decir, ante todo, que los territorios no tienen identidad. La identidad corresponde a  las personas. Por lo tanto, las reivindicaciones nacionales a las que se refieren serían, en su caso, las de los ciudadanos de esas regiones y no de las regiones como tales. Conviene llamar la atención sobre esto, que no es meramente formal, sino que denota que quienes hacen la propuesta que aquí se contesta han asumido el marco mental nacionalista: que los territorios tienen pretensiones, aspiraciones o identidades. Nosotros rechazamos de manera tajante este acercamiento al problema.

Y no lo rechazamos por ningún escrúpulo meramente conceptual, sino porque esta humanización de los territorios, en realidad, esconde el oscurecimiento de una parte importante de la población: la de aquellos catalanes, vascos, gallegos, valencianos o baleares que en absoluto comulgan con los planteamientos nacionalistas y que, por tanto, no se identifican con esas pretendidas aspiraciones identitarias o nacionales. Creemos precisamente que el grave conflicto al que nos enfrentamos en la actualidad en Cataluña, y que podría extenderse a otros territorios, no puede resolverse de espaldas a esa parte de la población que no solamente no comparte sino que, en ocasiones, se opone con firmeza a las pretensiones nacionalistas, viendo, con lamentable frecuencia, vulnerados algunos de sus derechos fundamentales.

Manifiestan nuestros compañeros que la Constitución del 78 debería poder modificarse en un sentido federal. Nosotros creemos que no tiene sentido entrar en un debate meramente nominal, y menos en lo que se refiere al término “federal”, que engloba realidades tan distintas como Estados Unidos, México, Alemania o Austria. Cabe subrayar que se trata de países con una configuración territorial muy dispar y también con diferencias notables en la distribución de poder entre la federación y los estados federados.

España, en este sentido, ya es un país con un fortísimo grado de descentralización, donde la Comunidad Autónoma de Cataluña ya asume competencias propias de los Estados federados (así, por ejemplo, sanidad o educación) e, incluso, competencias que otros Estados federales no trasladan a las entidades subestatales (por ejemplo, en materia de Derecho Civil, cosa que no sucede en Alemania ni en ningún otro Estado de la Unión Europea, excepto en el Reino Unido).

Es por ello que el debate no puede ser nominal. Es imprescindible la identificación de las competencias que han de ser objeto de distribución entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, porque el federalismo como sistema de reconocimiento de identidades no acaba de entenderse. Mucho menos si solo se piensa en el sentimiento identitario de aquellos que, habiendo tensionado hasta el extremo a la sociedad, tienen una inequívoca voluntad de romper (que no de reformar) el pacto constitucional. Con la propuesta que hacen nuestros colegas, ¿cómo queda resuelto, dentro de cada territorio, el reconocimiento de la identidad de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas?

Asimismo, discrepamos abiertamente de la afirmación que sitúa el origen del actual conflicto que se vive en Cataluña en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Para empezar, sostener que el conflicto es con Cataluña implica que habría dos partes: Cataluña y el resto de España, aceptándose así de nuevo el discurso nacionalista que pretende identificar el todo (los catalanes) con la parte (nacionalistas catalanes). Además, como académicos, no podemos asumir que el origen de este conflicto se sitúe en la referida sentencia. Sería borrar de un plumazo las décadas de lluvia fina nacionalista que se evidencian en tantos documentos como el conocido Programa 2000.

Consideramos inaudito que la petición de nuestros compañeros ahonde en acusar al Tribunal Constitucional de actuar de manera involucionista. Es decir, que toda la labor que ha desempeñado este Tribunal, garantizando el respeto a la Constitución frente a los atropellos de los separatistas catalanes, habría sido, en realidad, una maniobra involucionista (se entiende, centralizadora). Además, siempre según ellos, esa tendencia recentralizadora no acabaría en Cataluña sino que se habría extendido a las comunidades autónomas que habrían visto secuestrada su capacidad normativa. Ninguna evidencia, eso sí, de semejante afirmación.

El máximo intérprete de nuestra Carta Magna declaró la incompatibilidad con el pacto social (la Constitución española de 1978, refrendada abrumadoramente, también en Cataluña) de una parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Parte de ese pacto social implica aceptar la división de poderes y la propia obligación del Tribunal Constitucional de defender, como así ha hecho, la compatibilidad de toda la legislación con la norma fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Es más, si el Estatuto de Autonomía contuviera, como pretenden nuestros colegas, un nuevo pacto constituyente que modificaría el original, tan solo por eso el Estatuto debería haber sido declarado contrario a la Constitución, pues un Estatuto de Autonomía de ningún modo puede ser cauce adecuado para una modificación del pacto constitucional. Mantener esto implicaría que los catalanes (y solo los catalanes) habrían votado sobre una modificación del pacto constitucional que las Cortes Generales habrían tramitado como una ley estatutaria.

Sin embargo, no todo son puntos de discordia con nuestros compañeros. Compartimos con ellos, y esto es lo esencial, la defensa sin fisuras de un modelo de convivencia en libertad, en el marco de un proyecto común en el que tengan cabida todas las sensibilidades democráticas, sea cual sea la forma de organización territorial. Todo ello desde el respeto más escrupuloso a la legalidad y a la voluntad de todos los españoles. Por ello compartimos igualmente los principios de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, que exigía que cualquier intento de secesión de una parte del territorio nacional fuese aprobado por la totalidad del pueblo soberano. Lo mismo que recoge la Constitución española de 1978.

Para concluir, dado que los puntos de conexión son mucho más relevantes que las discrepancias y dado que la voluntad de buscar soluciones es incontestable por las dos partes, emplazamos a nuestros colegas a impulsar debates académicos en diferentes puntos de la geografía española e internacional. En esos debates nosotros representaríamos al constitucionalismo especialmente sensible a los planteamientos de los ciudadanos que nunca han existido para la Cataluña oficial. Creemos firmemente que ningún diálogo con Cataluña será fructífero si el interlocutor de la Generalitat no integra en sus propuestas las diferentes sensibilidades existentes en su comunidad. También creemos que en un debate constitucional no pueden dejarse al lado temas tan nucleares como los privilegios fiscales de las regiones más ricas o el derecho de los castellanohablantes a vivir en su lengua en cualquier punto del Estado.

(Esta réplica ha sido publicada en varios diarios nacionales como El Mundo con las firmas de decenas de profesores desde un amplio espectro pluralista respetuoso con la democracia y el Estado de Derecho). También El País publicó un resumen de nuestra réplica a aquel manifiesto pro-independentista.)